Resulta inevitable poner en evidencia los daños tan cuantiosos que está provocando ya la inflación en los ciudadanos, que en marzo ha llegado al 9,8%, nivel que no se vería desde mayo de 1985.

El monstruo de la inflación, que nos acompaña desde el año pasado, no hace más que crecer, aunque no lo mismo en todos los países. Para desgracia de los españoles, desde que irrumpió la pandemia, nuestro país está entre los que peores datos económicos tiene.

Durante la pandemia fuimos de los que más caímos, en la recuperación de los que menos nos habíamos recuperado y ahora de los que más inflación tenemos. Sin ninguna duda, los acontecimientos internacionales afectan, pero los entornos difíciles lo son para todos, lo que nos hace diferentes es la gestión que se hace de las situaciones que nos toca vivir. El actual Gobierno ha sido el encargado, por voluntad propia, de la gestión llevada a cabo hasta ahora y por tanto el máximos responsable de las consecuencias de sus actuaciones.

Si alguien creía que gestionar un país estaba a la altura de cualquiera, aunque no supiese ni lo que es la economía, me cuesta creer que siga pensando lo mismo, si vive del sector privado o si haciéndolo del público, tiene cierta empatía y sentido de la realidad, hacia lo que están sufriendo los demás.

No tener claro si llegarán ingresos a finales de mes, en una situación como la actual, resulta realmente estresante y digna de elogio, por lo heroico que supone luchar en el sector privado. Lo que resulta dramático, es la falta de voluntad, empatía y responsabilidad de algunos gestores de lo público, que no quieren tener la honestidad de sacrificar y sacrificarse, para ayudar a los que tanto lo necesitan.

Hemos vivido en nuestro país muchas crisis y situaciones complejas, pero posiblemente nunca hemos asistido a una apatía y desprecio tan alarmante, por parte de los miembros de un Gobierno hacia los ciudadanos de nuestro país y sus críticas situaciones.

Tal vez el actual Gobierno ya sabe que le queda muy poco para irse a casa y por ello, están amarrando puestos, para garantizarse un futuro económico desahogado, para ellos y para aquellos a los que deben pleitesía. De ahí que se adopten determinados acuerdos en esa dirección, que han salido a la luz pública y otros que seguro se están llevando a cabo, pero sin luz y taquígrafos.

A  fin de cuentas, este Gobierno lo ha hecho con premeditación y alevosía, en incontables ocasiones, desde que formaron el llamado “Gobierno Frankenstein”. Mientras ellos alargan la legislatura, para poder asegurarse que lo dejan todo bien atado para sus futuros individuales, las economías domésticas se desangran con la inflación y los impuestos.

El daño que la inflación está causando a los ahorradores, ya se estima en 70.000 millones de euros. El Gobierno está recaudando más de 40.000 millones de euros adicionales, gracias a los impuestos que aplican a los bienes y servicios, que están sufriendo esas subidas alarmantes de precios.

Ante la demanda de las empresas y los fiscalistas, de que se bajen impuestos y que se deflacte el IRPF, el Gobierno mira hacia otro lado y utiliza la excusa de que pondría en riesgo el estado de bienestar. Cuando un mal gestor público, hace afirmaciones tan demagógicas, para seguir solapando su falta de responsabilidad, realmente no hay calificativos para describirlo.

La realidad nos dice, que de este Gobierno los ciudadanos ya no pueden esperar nada que pueda aliviar sus circunstancias y sólo queda esperar que el tiempo pase, para colocar a otros, con la esperanza de que ayuden realmente a los ciudadanos, con el respeto que se merecen y la profesionalidad con la que deberían ejercer sus cargos.