Tras el impacto de la crisis financiera de 2008 en la economía española y la negativa del Gobierno de Zapatero a la crisis económica que teníamos llegando como un tsunami, nuestro país estuvo en 2012 a las puertas de ser intervenido.

Ahora, en 2020 y con la crisis económica provocada por la crisis sanitaria del Covid 19, las alarmas empiezan a sonar con mucha fuerza. Durante el mes de abril y mayo, también se ponía en la mesa los rumores de que España pudiese ser intervenida por la famosa Troika. Las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo y el plan de rescate aprobado por la Unión Europea, alejaban esa posibilidad y abrían una luz de esperanza. Dicha esperanza se basaba en confiar que el actual Gobierno estuviese a la altura de las circunstancias y supiese hacen un plan de reconstrucción del país, apoyado en el plan de ayudas concedidas a España, por valor de 140.000 millones de euros en los próximos años.

A medida que han ido pasando las semanas y los meses, el Gobierno ha prestado poca atención al proyecto que deberían presentar en Bruselas, como exigencia inmediata para el análisis de propuestas de inversión para la concesión de los fondos europeos. Tal es así, que siendo España el país más necesitado, ha sido el último en presentar un plan, que los expertos califican de poco riguroso.

Mientras tanto, el FMI se suma a los organismos internacionales que califican la situación económica de España como muy delicada y en Europa se habla de que “España es un Estado fallido”. La guinda del pastel la ha puesto la reforma que pretende llevar a cabo el Gobierno en el Consejo General del Poder Judicial, que es claramente una injerencia en la independencia de ese poder del Estado. Los expertos en España la consideran inconstitucional y en Europa miran cada día con más preocupación como se están atacando los pilares centrales del Estado, por el propio Gobierno y por ello el máximo responsable y garante de la protección de las instituciones.

Por todo ello, los inversores internacionales están empezando a mirar a España con recelo, de manera que puede que la financiación de la deuda, empiece a complicarse, como ya sucedió en 2012. De momento las compras de deuda por parte del Banco Central Europeo son un fuente de oxígeno para la liquidez que necesita la economía española en sus gastos corrientes, pero eso no durará para siempre y la pregunta es que va a pasar si sube el grado de tensión y desconfianza hacia España.

Cuanto más se preocupen los inversores por la solvencia de nuestro país, antes empezarán las reticencias a comprar deuda pública o privada, por parte de los inversores privados. Si esto arranca, las subidas de las rentabilidades y de la prima de riesgo serán como una bola de nieve, que puede llevar a España al rescate que se libró in extremis en 2012.

El gran problema de esta situación es la destrucción que todo esto va a dejar a su paso  y que a estas alturas, todavía no podemos vislumbrar, porque la situación es realmente complicada y extremadamente delicada.

La pandemia ha sido el origen, el Gobierno es el responsable y los ciudadanos serán las víctimas, tanto en lo sanitario como en lo económico. Ahora toca sacar lo mejor de nosotros mismos, para sobrevivir a todo esto, sin esperar demasiado del “papá Estado”, sino más bien, considerarlo una gran amenaza, si esto no cambia de rumbo.