Los líderes de la Unión Europea han decido estar a la altura de las circunstancias en su propuesta para la reconstrucción de Europa, tras la desolación que ha dejado a su paso el confinamiento, para controlar la pandemia del coronavirus.
Muchas eran las críticas que recibían las instituciones europeas al comienzo de la crisis del coronavirus, demandando unidad de actuación para una mayor integración de los miembros europeos, en lo que a ayudar se refería, para hacer frente a la desafiante e inaudita situación.
Los meses de trabajo y negociaciones han dado como fruto una propuesta para el fondo europeo para la reconstrucción, presentada esta semana por la Comisión Europea, que claramente cumple recogiendo las sensibilidades y exigencias de todos sus países miembros.
Lo primero que hay que señalar es que se trata de un proyecto económico para la reconstrucción de las economías de los países que más daños han sufrido, entre los que España e Italia son los principales damnificados, algo que no es precisamente para festejar. Se trata, por tanto, de un programa voluntario al que pueden acceder los gobiernos que no consideren necesario, pero en ningún caso se habla de rescate, lo que hace que los tiempos y condiciones sean muy distintas.
La cuantía que se ha fijado es de unos 750.000 millones de euros, que irán con cargo a los presupuestos comunitarios entre los años 2021 y 2027. La financiación del fondo se hará con la emisión de deuda a 30 años, así como los impuestos que se impondrán a las multinacionales que operan en la Unión Europea y no están contribuyendo con lo que deberían.
Al tratarse de algo voluntario por parte de los Gobiernos, el solicitar la ayuda o no, ello lleva implícito que las condiciones que se deban cumplir para tener acceso al fondo de rescate, también son aceptadas de formas voluntaria por los países que soliciten las ayudas.
En base a todo ello, si el Gobierno de España quiere acceder a esas ayuda, como ha reclamado en varias ocasiones, el primer requisito que deberá cumplir es presentar antes del 15 de octubre un plan nacional con la estrategia y reformas que se plantean para la reconstrucción de la economía nacional. La revisión de ese plan lo llevará a cabo la Comisión Europea e incluso otros países miembros, durante un período de 4 meses. Si el plan se aprueba, se podrán ir recibiendo ayudas de forma escalonada y condicionadas a la ejecución del plan aprobado. En caso contrario se congelaría la llegada de las ayudas solicitadas y concedidas.
El plan que Bruselas está dispuesto a aceptar, debe basarse en reformas estructurales de la economía española y un control exhaustivo del gasto, que permita controlar el déficit a medio plazo. Entre las recomendaciones que se hacen para dicho plan, desde Bruselas, están por ejemplo la de no dar marcha atrás en las reformas aplicadas en materia laboral, dejar de ajustar la subida de las pensiones al IPC, reformar la sanidad, la educación para evitar el absentismo escolar y unificar las normas para empresas que operan en España, evitando la confrontación de normas entre las Comunidades Autónomas.
Con las reglas del juego establecidas y cotejándolas con las propuestas adelantadas por el Gobierno hasta el momento, la realidad es que parece difícil que España pueda acceder al fondo europeo de construcción, salvo que el actual gobierno cambie su hoja de ruta y la ajuste a las exigencias de sus socios comunitarios.
A partir de ahora se abren tres posibles frentes: el primero que el gobierno cumpla con lo que le exigen, el segundo que el gobierno dimita y sea otro el que cumpla con las exigencias y la tarea de la reconstrucción, la tercera opción es que el gobierno no cumpla y que no lleguen las ayudas económicas.
En el tercer caso, la situación de la economía española iría deteriorándose aún más, contando además con la pérdida de confianza de los mercados de capitales, subidas de la prima de riesgo y con ello, llegar al límite en el que los hombres de negro o la conocida troika, deberían plantearse el rescate de la economía española.
Los caminos ya están encima de la mesa, la responsabilidad absoluta es de quienes cobran como miembros del gobierno, porque ellos ostentan el poder y con ello la responsabilidad absoluta, no sólo de la debacle que ha provocado la gestión de la crisis del Covid-19, sino también de la siguiente fase, que es la reconstrucción de España.
Ahora sí, está llegando el momento de la verdad. Veremos qué camino deciden emprender y con ello podremos tener más claro el futuro económico de España, así como del conjunto de los españoles.