Editorial de El Inversor Inquieto

Renta mínima vital, sólo para países ricos

El debate sobre una prestación pública permanente y generalizada para millones de españoles, se ha colado como un asunto de urgente necesidad en el Gobierno, algo que la gran mayoría de los expertos no aciertan a entender, si se analiza desde una perspectiva distinta a la simplemente oportunista, electoralista y populista.

El sacrosanto lema de ayudar a los más desfavorecidos no es discutido por ninguna ideología, al menos en nuestro país, y menos en las actuales circunstancias, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Lo que genera las discrepancias entre los propios miembros del Gobierno y por supuesto con el resto de fuerzas políticas e incluso entre los ciudadanos, es si resulta necesario aprobar una medida de esas características, como urgente y necesaria

La confusión hacia la ciudadanía se genera, al hacerles pensar que sólo esa medida protegerá a las clases más dañadas por la crisis económica que provoca el confinamiento. Lo primero que hay que destacar es que ya se han aprobado varias medidas de ayudas económicas tanto para trabajadores, como para autónomos o empresas, y que lo deseable es que fuesen eficaces. También las Comunidades Autónomas contaban con medidas adicionales de ayuda económica para los colectivos más desfavorecidos. Ante esa realidad parece cuando menos, ficticio, manipulador y partidista, el querer colarle a la sociedad española una carga económica tan pesada, cuando ya va a sufrir enormes consecuencias económicas con lo sucedido y comprometido hasta el momento.

Finlandia ya lo puso en práctica y tuvo que retirarla, porque comprobaron que desincentivaba el trabajo, lo que suponía un daño social mayor que el que se quería enmendar. Ante semejante fracaso, resulta desconcertante que se quiera implementar en España, en un momento en el que la deuda pública va a superar el 114% sobre PIB, entramos en la recesión más severa que se recuerda, el paro se va a disparar y el déficit también. ¿Cómo y cuándo vamos a volver a la senda de estabilidad presupuestaria? ¿Qué sacrificios va a tener que soportar la sociedad española?

Algo que a los dirigentes políticos de nuestro país les cuesta asumir es que somos un país pobre, que quiere tener un Estado del Bienestar al nivel de los países ricos o incluso para algunos, de los escandalosamente ricos. ¿Por qué somos un país pobre?, básicamente porque la naturaleza no nos ha favorecido con ninguna riqueza natural, que pudiese ser explotada y generadora de ingresos financieros extraordinarios, con poca mano de obra. ¿Cuáles podríamos considerar países ricos?, aquellos que tienen riqueza natural en forma de petróleo, minas de oro, diamantes o cualquier elemento de la naturaleza que genera importantes ingresos a las cuentas públicas. Para esos países el reto es explotar esa riqueza natural y gestionarla para que llegue a sus ciudadanos.

¿Tiene nuestro país alguna de esas riquezas naturales? Si fuese así, nuestro Gobierno se podría permitir el lujo de poder implementar una renta mínima vital para todos los ciudadanos que lo quisiesen, incluso no trabajando en nada, y podríamos dejar que libremente trabajasen los que quisiesen tener rentas superiores, sin pagar impuestos, porque las cuentas públicas no lo necesitarían.

El baño de realidad nos dice que nuestro país no genera ningún tipo de ingreso que no venga de la fuerza trabajadora y empresarial. Esto limita mucho el margen de maniobra en la implementación de una renta mínima vital generalizada.

La precipitación, falta de rigor y consenso político, así como el enorme impacto que puede llegar a tener en nuestra economía, sin duda, justifica la preocupación social sobre la implementación de esta medida. Cuando se habla de que se aprobará el mes próximo, no se sabe ni cuál será el impacto económico, cómo se va a implementar y lo más grave, nadie sabe cómo se va a pagar. Si además se aprueba por Decreto Ley y no por como Ley Ordinaria, que se pueda debatir por todas las fuerzas políticas, la gravedad de la medida será aún mayor.

Con esos antecedentes ¿Qué garantías tendremos de que el Gobierno va a saber gestionar correctamente la eficacia de esa medida? Finlandia no lo consiguió. ¿Está España preparada para más gasto improductivo? ¿Habrá dinero también para atender las demandas de los colectivos sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como del resto de trabajadores que están arriesgando su salud y su vida? ¿Dónde estarán sus complementos salariales por productividad y peligrosidad?  Muchas preguntas realmente importantes, de las que depende nuestro futuro.

En el supuesto caso de que en contra de todas las recomendaciones, se lleve a cabo la implementación de la renta mínima vital, la pregunta inmediata será ¿Cuánto va durar?. De lo que no hay duda es que no nos lo podemos permitir, que ya se sabe desde hoy y quienes cometan el error de generar falsas expectativas en los posibles favorecidos, serán los responsables del engaño y la manipulación.

Como en otras tristes etapas de nuestra historia, posiblemente tendrán que ser unos gestores más responsables de lo público, los que tengan que venir con los recortes y la retirada de todo aquello que no podamos pagar. Volvemos a la realidad incómoda de que somos un país pobre, que no se puede permitir el lujo de gastar todo lo que le gustaría.

Aquellos que crean la falsedad de que van a tener una renta vital mínima de por vida, que no se sientan frustrados cuando se lo retiren, que no hagan responsables a quienes se lo retiren y que no organicen sus vidas pensando en que ese “maná” va a quedarse, porque para la gran mayoría no va a ser así y los únicos responsables de ello, serán los que lo promueven en estos momentos, sabiendo que no tenemos recursos ni dinero para hacerlo.